La Junta de Castilla y León anuncia a bombo y platillo que ahora incluye a ocho enfermedades en su programa de detección precoz de enfermedades congénitas. Sin embargo, como era de esperar dados los precedentes, se desprecia a la enfermedad de Pompe que no es incluida en dicho programa a pesar de tratarse de una enfermedad neurodegenerativa gravísima para la que existe tratamiento y que se puede detectar desde el momento del nacimiento con una prueba muy sencilla y económica de gota seca.
Esta política discriminatoria de la Junta de Castilla y León con respecto a la enfermedad de Pompe no resulta en absoluto sorprendente, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de una de las comunidades autónomas en las que se ha tratado con menor humanidad a los enfermos de Pompe, a algunos de los cuales se les ha llegado a denegar un tratamiento de reemplazo enzimático aprobado por la EMA y utilizado en todo el mundo; en clara discriminación en relación con otros enfermos del resto de España. Las autoridades sanitarias de Castilla y León prefieren por tanto ignorar la existencia de la enfermedad de Pompe para intentar esquivar los gastos asociados a su tratamiento, a pesar de que se estima que muy posiblemente al menos una entre ciento cincuenta personas residentes en dicha comunidad pueden ser portadoras de la enfermedad.
